Gestión de casos de VG: análisis de datos, atención y ética

Total: 186 casos nuevos (+42 % respecto de los 131 del trimestre anterior). Violencia sexual (violación y agresión sexual): 73, es decir, el 39,2 %. Menores: 41 / 186 = 22,0 %. Violaciones notificadas en las 72 horas: 14 / 52 = 26,9 %; en las 120 horas: 19 / 52 = 36,5 %. Casi tres de cada cuatro sobrevivientes de violación llegan, por tanto, demasiado tarde para la PEP contra el VIH.

Derivaciones aceptadas: salud 51 / 73 = 69,9 %, psicosocial 138 / 160 = 86,3 %, jurídica 9 / 40 = 22,5 %. El escaso recurso a la vía jurídica refleja probablemente el miedo a represalias, el costo y la desconfianza hacia la justicia; no debe «corregirse» presionando a las sobrevivientes. La proporción de parejas íntimas (46 %) muestra que la violencia no se limita al conflicto.

Límites: estos datos se refieren a los casos notificados a los servicios; el aumento del 42 % puede reflejar una mayor confianza o un mejor acceso, no necesariamente un aumento de la violencia. No se puede deducir de ellos una prevalencia ni comparar zonas.

1. Seguridad y acogida: espacio confidencial, gestora de casos mujer capacitada en la atención a niños y niñas; verificar si existe un peligro inmediato. Con su acuerdo, la tía puede quedarse si la adolescente lo desea.

2. Información y consentimiento: a los 15 años, recabar su asentimiento informado y, según su interés superior, el consentimiento de un adulto de confianza; explicar los límites de la confidencialidad, incluida la obligación legal de denuncia, antes de que dé detalles.

3. Salud de urgencia: a las 96 horas, la PEP contra el VIH ya no está indicada (límite de 72 horas), pero la anticoncepción de emergencia sigue siendo posible (hasta 120 horas); tratamiento presuntivo de las infecciones de transmisión sexual, vacunas según el protocolo, cuidado de las lesiones, certificado médico si lo desea. Derivación acompañada al centro situado a 18 km, transporte cubierto, el mismo día.

4. Apoyo psicosocial y plan de seguridad, ya que el agresor está armado.

5. Denuncia obligatoria: el dilema enfrenta la ley y el riesgo para ella (represalias, rechazo). Se aborda con la supervisión y el punto focal de protección: analizar su interés superior, informarle de lo que se transmitirá y a quién, transmitir solo lo mínimo, procurar hacerlo por la vía más segura (por ejemplo, a través de los servicios sociales) y documentar la decisión. Nunca se promete una confidencialidad absoluta.

6. Padres: respetar su negativa salvo que su interés superior exija otra cosa; trabajar con la tía como persona de confianza.

Carga actual: 132 / 4 = 33 casos por gestora, por encima del máximo de 25. Necesidad: 132 / 25 = 5,28, es decir, 6 gestoras; faltan 2, sin contar el aumento de casos. Mientras tanto: priorización de los casos según el riesgo, supervisión reforzada, prevención del agotamiento.

Otras brechas: (1) ningún kit de PEP pediátrico pese a que el 22 % de los casos son menores, y solo 6 kits para adultos; (2) acceso tardío a la atención (73 % de las violaciones notificadas después de 72 horas); (3) asistencia jurídica insuficiente (una vez al mes).

Prioridades: 1. Kits de PEP pediátricos y reabastecimiento de los de adultos, solicitud inmediata al grupo de trabajo de VG y a los actores de salud. 2. Sensibilización comunitaria sobre la importancia de consultar en las 72 horas y puntos de entrada más cercanos (equipos móviles, agentes de salud capacitados). 3. Contratación de 2 gestoras de casos, al menos una de ellas capacitada en la atención a niños y niñas. 4. Clínica jurídica más frecuente, sin presión para presentar denuncia.

Ejemplo: «Señor: compartimos su preocupación por la seguridad de las mujeres y las niñas. Sin embargo, no podemos transmitir ninguna información nominativa o que permita identificar a una persona, ni listas por aldea: esta información es confidencial y su divulgación expondría a las sobrevivientes a represalias y a la estigmatización, y haría que otras personas renunciaran a pedir ayuda. En el marco del protocolo de intercambio de información del grupo de trabajo de VG, podemos compartir tendencias agregadas y anonimizadas, y señalar zonas y momentos de riesgo, sin vínculo con casos individuales. Proponemos una reunión con el grupo de trabajo de VG para definir juntos la información útil para las patrullas. Atentamente.»

Se trata de alegaciones de explotación sexual por parte de un trabajador humanitario: todo el personal tiene la obligación de notificarlas, sea cual sea el empleador del presunto autor. (1) Notificación inmediata y confidencial al punto focal de PSEA de mi organización, que la remite a la red PSEA y a la organización concernida según los procedimientos acordados. (2) Las sobrevivientes son derivadas a la gestión de casos de VG si lo desean; su identidad solo se comparte con su consentimiento informado y únicamente en la medida mínima necesaria. (3) No llevo a cabo ninguna investigación ni confronto al agente. (4) Apoyo a la gestora de casos y le recuerdo que está protegida contra represalias. (5) Hago el seguimiento, a través de la red, de la adopción de medidas de protección en las distribuciones.